@JPFerbo - Juan Pablo Fernandez - Desde su entrada en vigor hace un par de años la ley 5282/14 está atravesando un periodo largo y delicado de consolidación, que no ha tenido la sincera prioridad en la agenda política de esta administración saliente. El Estado sigue sin organizar sus datos, pero por sobre todo no tiene costo el no conceder la información que se solicita.
A pesar de que la secretaria de la función pública estableció sanciones pecuniarias a instituciones que no alzaron información en sus portales web, no se ha conocido que se haya pagado la multa y que tan solo un funcionario de alto nivel haya sido sancionado por violar la norma. Entre lo que se dice en la ley y lo que se hace en la práctica existe una peligrosa brecha que puede acabar en el descreimiento en torno a la verdadera trascendencia.
El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias. En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad.
En los últimos años se han llevado adelante algunas medidas para efectivizar que la información en manos del Estado esté disponible para los ciudadanos, las que fueron impulsadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional.
En Resumen:
1) Por más que exista la ley y normas regulatorias, sigue siendo una gran odisea el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
2) Es necesario un verdadero sistema de monitoreo hacia la política de AIP por parte de la oficina rectora y demás oficinas de AIP, que deben ser apoyadas con presupuesto, personal y voluntad política.
3) Establecer como política pública de prioridad la Transparencia y acceso a la información para seguir fortaleciendo la confianza en la gestión del estado.
Soluciones:
1) Necesidad urgente de Jerarquizar la oficina rectora de AIP y las demás oficinas de todas las fuentes públicas. 2) Debatir la creación de un ente intermediador entre los ciudadanos y el Estado puede ser una buena opción mirando con interés el proceso que ha tenido en otros países.
3) La falta urgente de una ley nacional de archivos que organice la memoria del Estado.
4) La falta de capacitación de los funcionarios del estado, las búsquedas de soluciones alternativas por parte de las organizaciones de la sociedad civil y fallas estructurales en el sistema de acceso a la información pública son temas pendientes a trabajar en el siguiente periodo.
5) Priorizar la socialización y educación de la ley de acceso a la información pública en todos los centros educativos del país.
FUENTE: DIARIO 5 DIAS
