@JPFerbo - Juan Pablo Fernandez
Un debate público sobre el alcance de la ley de acceso a la información en nuestro país se dio esta semana. En este caso un sector de la reputada cancillería nacional salió al paso a cuestionar hasta donde es información pública el listado de funcionarios escalafonados de dicha institución. Ahora bien, es importante mencionar que no solo a través de la ley 5282/14 todas las fuentes públicas del estado paraguayo están obligados por ley a dar a conocer la lista de sus funcionarios con sus respectivos datos, cargos, funciones, honorarios y demás información que debe estar a disposición de la ciudadanía, sino que la ley 5189, doblemente los obliga.
Uno de los argumentos planteado por el vocero de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP) ha sido la del Embajador. Carlos Fleitas, quien ocupa el cargo de presidente de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, dependiente de la Cancillería Nacional, afirmó que información sobre rango de diplomáticos es privada. Refirió que “La persona que se arroga la facultad de pedir dicha información carece de legitimación activa, pues no es funcionario escalafonado, ni posee ninguna relación o interés con el gremio, por lo cual no puede otorgarse esa facultad ni esa potestad”.
Para que se entienda la otra cara de la moneda, el Dr. Ezequiel Santagada, jurista especializado en el derecho a la información plantea que las “clasificaciones internas de la Cancillería no son información reservada porque no hay ley que establezca su reserva”. Se trata de uno de los sistemas de clasificación y promoción de los empleados por el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo, para servir el pueblo paraguayo. “No es la clasificación interna de un ente privado o una logia secreta o una casta de privilegiados”.
Este ejemplo nos sigue mostrando cuánto falta para que los servidores públicos entiendan que se debe dejar detrás el oscurantismo y salir a manos limpias a demostrar que no existe nada que esconder en el manejo de la cosa pública.
Es una pena que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuna de grandes hombres y mujeres que han tenido una formación inigualable en comparación de cualquier otro funcionario del Estado paraguayo, tengamos que estar viendo este intento de atropello a un derecho humano. Esperemos que se entienda que con la ley de acceso a la información pública no habrá retroceso alguno. El Paraguay se merece instituciones transparentes, eficientes y que vuelvan a ganarse la confianza de la gente. ¡Ni un paso atrás!
