Los paraguayos han tenido acceso desde diciembre a conversaciones que han indignado por la franqueza de sus protagonistas.
La justicia paraguaya sigue inmersa en un torbellino de descrédito que parece no haber tocado fondo, con un fiscal general del Estado investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) denunciado como herramienta para el tráfico de influencias.
El JEM es donde ha brotado un escándalo que ha desembocado en la renuncia como miembros de ese órgano contralor de dos senadores, ambos apartados de la Cámara Alta por interferir supuestamente en el accionar de fiscales.
Uno es el oficialista Óscar González Daher, posteriormente destituido en una medida sin precedentes en el Senado.
El otro es Jorge Oviedo, quien renunció a su cargo de senador, sin ser despojado de su investidura.
Ambos están imputados en un proceso que incluye al ex ministro del interior Carmelo Caballero, abogado de José Ortiz, gerente de la tabacalera Tabesa, propiedad del presidente paraguayo, Horacio Cartes.
Y también a quien era secretario del JEM, Raúl Fernández, del que se cree es el vertebrador del presunto tráfico de influencias.
A destacar que las imputaciones se pusieron en marcha tras la filtración de decenas de audios luego difundidos por los medios locales.
Así, los paraguayos han tenido acceso desde diciembre a conversaciones que han indignado por la franqueza de sus protagonistas.
‘No estamos descubriendo nada nuevo, porque la Justicia paraguaya tenía un desprestigio espantoso. Pero destaca esa candidez en las conversaciones que solo la impunidad puede dar, el tono del diálogo, el tener la certeza de que no va a pasar nada', dijo a Efe el analista político Alfredo Boccia.
Los audios habrían sido grabados a Fernández, que era la mano derecha de González Daher en el JEM.
En los más conocidos se escucharía a Fernández hablar con la fiscal Nadine Portillo sobre la posibilidad de extender un litigio por la propiedad de unas tierras entre la firma Victoria S.A. y la Secta Moon, en el Chaco paraguayo, un proceso que se dilata desde hace varios años.
En otro audio se oiría a González Daher solicitando a un juez un trato favorable a un antiguo intendente, también oficialista, acusado de desfalco; y en otro a Oviedo hablar con una fiscal en lo que ha sido interpretado como un intento de extorsión por parte del ex senador.
Otros audios harían referencia a los hechos de marzo pasado, cuando manifestantes quemaron parte del edificio del Congreso en protesta contra un proyecto para habilitar la reelección presidencial.
En esa grabación, Fernández y Caballero hablarían sobre presiones a la Fiscalía por parte de Ortiz para realizar imputaciones sobre ese ataque al Congreso.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ha negado la existencia de esas presiones, aunque se ha visto afectado por los audios de forma colateral.
Tras la divulgación de las grabaciones, el Ministerio Público anunció ‘un viraje rotundo' para erradicar las prácticas corruptas en ámbitos judiciales.
Este mes, el Ministerio Público abrió una investigación a Díaz Verón por supuesto enriquecimiento ilícito y con base en supuestos bienes no justificados. Ello a partir de una denuncia presentada en octubre por el Colegio de Abogados del Paraguay y que ha prosperado ahora, con los audios resonando entre la opinión pública.
La respuesta de Díaz Verón ha sido mantenerse en el cargo, alegando que seguir en el puesto servirá para no perjudicar al Ministerio Público y a sus trabajadores.
Pero parte de esos trabajadores, agrupados en el Sindicato Asociado de Asistentes Fiscales de Paraguay, le han pedido que se ‘aparte, renuncie a su cargo o se retire temporalmente' mientras está siendo investigado.
Esa investigación enturbia además la imagen de un Ministerio Público que hace meses debía tener un nuevo titular, ya que Díaz Verón tiene cumplido su mandato.
La renovación se demora por el rechazo del Senado a la candidata que propuso el Ejecutivo, la fiscal Sandra Quiñónez.
Un rechazo que no se centra en la figura de la fiscal, sino en el proceso de selección, en el que participaron un centenar de candidatos.
Según una mayoría de senadores, el proceso careció de transparencia en su parte final, lo que derivó en la escogencia de la terna elegida por el Consejo de la Magistratura.
ANÁLISIS /EFE
Fuente: La Estrella de Panamá
