Por Juan Pablo Fernández Bogado.
El derecho al acceso a la información se define como el derecho de una persona de buscar, recibir y difundir información en poder del Gobierno u administraciones públicas. Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales, afirmó: “La libertad de información es un derecho fundamental y… la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”. En otras palabras, es un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano. Igualmente, el derecho incluiría el derecho a ser informados y recibir noticias fidedignas.
Ya hemos expresado anteriormente que el libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa. El acceso a la información pública constituye: la transparencia de la gestión pública; el combate a la corrupción y la cultura del secreto como práctica; la eficiencia en el manejo de la labor pública; y la participación ciudadana en la forma de decisiones de interés público.
Vale destacar que el derecho a la información es considerado como algo indispensable para el ejercicio que los ciudadanos tienen a la participación en las tareas públicas, y se encuadra como una verdadera facultad jurídica como la tenemos desde el año 2014 con la Ley 5282. En este sentido, el derecho a ser informado es público, por cuanto exige la intervención del Estado, y es un derecho subjetivo, por cuanto supone un poder jurídico, susceptible de ser institucionalizado y regulado por el ordenamiento jurídico para la satisfacción de fines o intereses de carácter social, basados en la naturaleza misma de la persona humana y en la organización de la sociedad.
En este sentido, el Estado, al brindar la información requerida por la persona, está exigida a hacerlo de manera transparente, clara y completa, en la medida en que es exigida por quien desea acceder a ella. Los tiempos han cambiado, actualmente muchos países están pasando leyes que combaten la corrupción y aumentan la confianza pública en el Gobierno.
El acceso a la información es un elemento crucial del esfuerzo dirigido a reducir la corrupción, acrecentar la responsabilidad gubernamental ante el público y fortalecer la confianza entre el Gobierno y los ciudadanos. El acceso público a la información en poder del Gobierno permite que los ciudadanos puedan entender mejor el papel del Gobierno y las decisiones que se hacen en su nombre.
Una ciudadanía cada vez más informada podrá exigir responsabilidad a sus gobiernos por sus políticas y elegir sus dirigentes con mayor efectividad. De igual importancia, las leyes de acceso a la información pueden ser utilizadas para mejorar las condiciones de vida de las personas a medida que ellas solicitan información relacionada con los servicios médicos, educación y otros servicios públicos.
Aunque tengamos la ley y mínimas acciones hacia la transparencia por parte de los administradores de turno, no debemos olvidar que “el conocimiento implica poder, y la transparencia es el remedio a la oscuridad, bajo la cual la corrupción y el abuso prosperan”. Es tiempo de demandar un mayor compromiso y seriedad en las acciones hacia un Estado transparente. Dependerá de una ciudadanía activa el de “buscar, recibir y difundir”.
