Por Juan Pablo Fernández Bogado
Desde el 2015, año que entró en vigencia la ley 5282 de “Libre acceso ciudadano a la información pública” se ha contado con el tiempo suficiente para que a la fecha todas las fuentes públicas, como menciona la ley, cuenten con oficinas de acceso a la información pública, con encargados, presupuesto y el mandato de trabajar en la recolección de información que obliga el art. 8 y que se encuentren publicados, como el de responder los pedidos de cualquier ciudadano que solicite información.
Los esfuerzos de varias agencias de cooperación internacional han ayudado a empujar la agenda en materia de la implementación de la ley y obligar al Estado a hacer real el discurso de la transparencia. Primeramente, con varias actividades en materia de concienciación sobre la importancia de la norma y posteriormente el fortalecimiento de las oficinas, que en algunos casos han logrado ser ejemplos de cómo deben esta constituidas, pero lastimosamente, por falta de voluntad política no todas tienen la misma suerte.
¿Pero por qué es importante la ley de acceso a la información pública?, se estará preguntando? A través de esta ley podemos acceder a información que por derecho humano nos corresponde y al ser información de la cosa pública, o sea con dinero de las arcas públicas, por ende, recursos que tanto usted como yo aportamos a través de nuestros impuestos, es una herramienta que nos permite no solo acceder a la información sino a hacer de contralor y a la vez de participar de un activismo ciudadano que nos ayude a mejorar la calidad de los gastos públicos.
A partir de ahora puedo saber los mecanismos del porqué de un gasto y en qué se gasta en dinero público. Con esta herramienta, se abre la posibilidad de conocer, por ejemplo, la cantidad de camas que cuenta un hospital público y hasta en tiempo real saber si están disponibles o no, como también poder hacerlo con medicamentos, insumos para oficinas, meriendas escolares, construcción de escuelas, viaductos o viviendas populares.
Lo que falta es excitar la norma. Quiere decir la práctica constante de usarla una y otra vez, demandando información que ayude a cambiar una cultura del secretismo que cuesta mucho erradicar de la noche a la mañana o en un par de años.
Solo con un activismo ciudadano que ayude a aumentar los pedidos de información pública y obligue a las instituciones del Estado a responder las demandas y darles la importancia a sus unidades de acceso a la información, con presupuestos, personas cualificadas y una actitud desde la cabeza, de esas instituciones, hasta el último funcionario, podemos esperar que alguna vez se cumpla lo que dijo el Presidente Cartes: “para mí, mi convicción es que lo público, en público”.
Esperemos que el próximo Presupuesto General de Gastos, a ser aprobado, prevea los recursos para las oficinas de acceso a la información pública desde los tres Poderes del Estado hasta el último municipio de la República del Paraguay. Tal vez allí podamos ver si ¿nos interesa la información pública?
