Por Romy Fischer
El 18 de setiembre de 2015, un año después de su aprobación, entró en vigencia la Ley 5.282/14 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, o más conocida por todos, como la “Ley de acceso a la información pública”.
Entre las cuestiones más importantes, el marco jurídico define lo que es información pública. Abarca toda aquella información generada, producida, administrada o en posesión del gobierno. Asimismo, fija como sujetos obligados a los 3 poderes del Estado, y los demás órganos públicos como: Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Banco Central, Universidades Nacionales, Entidades Binacionales, Gobernaciones, y Municipios.
Se establecen dos tipos de transparencia. Por un lado, la transparencia activa, esto quiere decir un mínimo de información relevante que las fuentes públicas deben publicar de manera proactiva a través de sus páginas webs, entre las que se encuentran, a modo de ejemplo, mínimamente la estructura orgánica de la Institución, su marco normativo, el listado de personas que cumplen funciones allí, con indicación de sus funciones, sus salarios asignados y viáticos recibidos.
Por otro lado, y éste es el punto neural de la ley, se reglamenta la transparencia pasiva, que no es más que el derecho de cualquier persona de solicitar la información pública de su interés, sin necesidad de justificar el motivo por el cual lo pide, de forma escrita, verbal o por correo electrónico. La fuente pública tiene la obligación de entregar la información requerida en el plazo máximo de 15 días y en el formato o soporte elegido por el solicitante de forma totalmente gratuita.
El derecho de acceso a la información pública es una herramienta de lucha contra la corrupción, para lo cual la experiencia demostró que funciona excelentemente. A través del acceso a la información pública se logró investigar a varios funcionarios acusados de corrupción y a destapar todo tipo de irregularidades, como fue el caso de la Universidad Nacional, secretarios vip, planilleros, niñeras de oro, entre otros.
Sin embargo, el acceso a la información pública tiene un potencial enorme, como un derecho fundamental que tiene correlación con la libertad de expresión y de opinión, que nos da la oportunidad de participar activamente de la vida pública y colaborar para mejorar nuestras condiciones de vida.
Siendo el Municipio el gobierno local, y por tanto, el más cercano a la gente, otro gran desafío luego de las elecciones del 15 de noviembre, es el cumplimiento cabal de la ley de acceso a la información pública a nivel del gobierno municipal.
¿Qué implicaría esto?
En el caso de las Municipalidades, al 15 de octubre de este año, la Secretaría de la Función Pública informaba que 95 de los 249 Municipios aún no cumplían con las obligaciones de transparencia activa que exige la ley 5.189/14 de publicación de uso de recursos públicos (antecedente de la Ley de acceso a la información pública).
La aplicación de la ley traerá consigo la necesidad de un reordenamiento administrativo, para organizar los archivos y poder cumplir con los plazos de la ley y la progresiva digitalización de los mismos para cumplir con la transparencia activa y disminuir los costos.
Existe otro gran desafío, que es el de la coordinación entre las Instituciones del Gobierno por sobre todo con las descentralizadas como los Municipios, porque la ley prohíbe alegar incompetencia ante una solicitud. Esto quiere decir, que la persona interesada puede presentar su solicitud ante cualquier Oficina de acceso de cualquier lugar del país, y si dicha Oficina es incompetente, igual debe recibir la solicitud y derivar al Órgano competente.
¿Qué utilidad tiene para mí este derecho?
En este sentido, es clave la difusión del mismo y el rol que juega la sociedad civil, por sobre todo, en el ámbito Municipal donde a veces es la única instancia de gobierno presente en la vida cotidiana de las personas.
El acceso a la información pública es un derecho humano que sirve para garantizar el acceso a otros derechos fundamentales como el agua potable, la salud, la educación y la vivienda.
Lo que ocurrió en la Escuela de Lambaré, cuyo techo se derrumbó y varios alumnos resultaron heridos, tal vez si se conocían los antecedentes de la construcción algo tan grave como esto se podría haber evitado. O tal vez si en el futuro conozco mejor los detalles de los desembolsos de FONACIDE para mi Municipio, dicho dinero pueda ser más eficientemente utilizado según las necesidades reales de mi comunidad. Tal vez muchos casos de muerte pueden ser evitados con la simple información de las camas de terapia intensiva disponibles para evitar una interminable peregrinación por los hospitales públicos, o la disponibilidad de la información sobre el stock de los medicamentos que estoy necesitando, o de las ofertas de viviendas sociales y las condiciones para acceder a un techo digno.
Uno de los grandes desafíos, es llegar al ciudadano. Un ciudadano consciente y empoderado con su derecho a saber, a participar y a exigir mejores servicios públicos y mayor bienestar a sus autoridades.
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