Los precandidatos presidenciales acordaron cumplir y promover lo establecido en la Ley 5282/14, de “acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. La firma del compromiso público se realizó ayer en el Día Internacional de Acceso a la Información.
Con el nombre de “Manifiesto a favor de la transparencia y el libre acceso a la información”, precandidatos presidenciales de distintos partidos políticos firmaron ayer un compromiso público en el que asumen cumplir y promover “con convicción” las garantías establecidas en la Ley 5282/14. También se comprometieron a promover la mayor transparencia en su gestión.
El documento lleva la rúbrica de Martín Sannemann (PLRA), Santiago Peña (ANR), Efraín Alegre (ANR) y Hugo Velázquez (ANR) en representación de Mario Abdo.
Efectividad
Durante el acto, Peña reconoció que en la efectividad de esta ley es fundamental el trabajo que lleva adelante la sociedad civil.
Por su parte Alegre enfatizó que el mayor desafío de la implementación de esta normativa está en el Poder Judicial.
Más allá de los discursos, el representante del GIAI (Grupo Impulsor de la Ley de Acceso a la Información) refirió que se mantendrá vigilante de que este compromiso se cumpla, sea cual fuere el candidato que resulte ganador en las elecciones generales en abril del 2018.
El acuerdo fue firmado en el marco del Seminario Internacional “Ley de acceso a la información pública en tiempos electorales”, ayer en un hotel céntrico.
Uso responsable
Dentro de dicho seminario se desarrollaron diversos paneles en los que se analizaron las diferentes aristas de esta ley.
Asimismo hubo un apartado especial que analizó el uso de la misma en el ejercicio de una prensa responsable. Sobre el tema, Marta Escurra, presidenta del Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), puntualizó que existe una corresponsabilidad para salvaguardar las garantías ciudadanas respecto a la citada ley.
“Desde el mismo momento en que recurrimos a ella para tomar datos, procesarlos y publicarlos ya se da ese uso responsable que se espera. Sin embargo, la contraparte responsable (las instituciones públicas) todavía no entienden muy bien que los datos abiertos son de la ciudadanía y no propiedad privada de los funcionarios”, expresó.
Fuente: ABC Color
