Por Benjamín Fernández Bogado
Esta es una de las características centrales de este cambio de era que vivimos. Los gobiernos y sus funcionarios deben acostumbrarse a vivir tras unos cristales traslúcidos que los expongan al control y escrutinio permanentes y para eso han pasado algunos países normas que los regulan. Como del dicho al trecho hay un largo trecho como dice el refrán popular, muchos países con estas reglamentaciones se han quedado solo en la declamación del principio o en la consagración de las normas pero han hecho poco para vivir transparentemente y darle un valor cultural muy superior a la mera enunciación legal. El hecho que deseemos que los gobiernos sean transparentes no los vuelven tales sin una decidida participación ciudadana y unas instituciones que vuelvan realidad el enunciado legal.
Ahora tenemos más elementos tecnológicos que facilitan enormemente la transmisión de datos en cuestión de nano segundos y la sensación de quererlo inmediatamente ha puesto en entredicho a los gobiernos y gobernantes acostumbrados a que en la opacidad y secrecía encuentren el modus operandi de un sistema que solo trajo consigo corrupción y alejamiento del sistema democrático de sus reales mandantes: los ciudadanos. Este sentido de vivir en una caja de cristal traslúcida incomoda por igual a gobiernos de derecha o de izquierda. Es molestoso eso de dar cuentas a cada momento y que le pidan números de gastos y de salarios de forma permanente. Pero así debe ser en democracia y la transparencia permite desinfectar los espacios llenos de inmundicia y de virus que acaban no solo con las esperanzas de la gente sino muchas veces incluso con sus vidas.
La región ha recibido por ejemplo a lo largo de los últimos 50 años más dinero en créditos y donaciones que lo que costó la reconstrucción de toda Europa después de la segunda guerra mundial y nuestros índices de ejecución o de gestión de esos recursos es lamentable. Según estudios realizados solo a los créditos del BID, se encontró que el 60% de los mismos ha terminado en corrupción volviendo ricos a los administradores de turno. Podríamos haber tenido concluida la infraestructura de educación, salud, redes de agua potable, cloacales y de transporte hace bastante tiempo si hubiéramos tenido gobiernos transparentes acostumbrados a dar cuenta de lo que hicieron con los recursos que se dieron en administración temporal. La falta de transparencia y acceso a la información pública es tal vez la forma menos conocida de manifestación de la corrupción en nuestros países.
Generalmente vemos las consecuencias pero no analizamos las causas. No es casualidad que los gobiernos más transparentes del mundo sean los más prósperos y ricos. Entre ellos Suecia con índices de población similares a varios países como los nuestros tiene acceso a la información pública desde finales del siglo XVIII y sus mecanismos son tan perfectos que todo ciudadano que viva en esa nación escandinava sabe los costos que supone apartarse de la norma y ya no lo decimos de aquellos que pretendan acceder a cargos públicos. Alemania, el país más próspero del mundo, no hace mucho tiempo forzó la renuncia de un ministro que cargaba las millas aéreas a su cuenta personal cuando el ticket había sido adquirido por el Estado!. Aquí entre nosotros esta información conseguida por el mecanismo de transparencia jamás hubiera sido delito y menos falta administrativa. Esa es la diferencia entre un país próspero y otro pobre.
DIFICULTADES DE CONSOLIDACIÓN.
Desde su entrada en vigor hace un par de años la ley 5282 está atravesando un periodo delicado de consolidación. El Estado sigue sin organizar sus datos pero por sobre todo no tiene costo el no conceder la información que se solicita. A pesar de que la secretaria de la función pública estableció sanciones pecuniarias a instituciones que no alzaron información en sus portales web no hemos conocido de que se haya pagado la multa y que tan solo un funcionario de alto nivel haya sido sancionado por violar la norma. Entre lo que se dice en la ley y lo que se hace en la práctica existe una peligrosa brecha que puede acabar en el descreimiento en torno a la verdadera trascendencia de la norma. Mientras esto acontece no hay foro local o internacional donde el presidente Cartes no se ufane de su legado de transparencia al Estado que le tocó hasta ahora administrar sin embargo sus ministerios, la propia presidencia y entes descentralizados siguen adoleciendo de profundas fallas que muestran el escaso apego a cumplir con la norma de la que tanto se ufanan. Existe un comprobado cinismo desde la función de gobierno y una abierta incompetencia reconocida por el propio titular de la función pública quien afirmó recientemente que los datos del portal nacional del municipio de San Joaquín estaban equivocados desde el jueves (fecha de su reconocimiento) y que no lo cambiarían hasta el martes siguiente.
Los datos requeridos en torno a la conformación de la terna de fiscal general del Estado al Consejo de la magistratura tuvo que ser recurrido por la vía del amparo para que una jueza ordenara al colegiado que provea la información completa en torno al modo de selección de los tres candidatos de un total de casi 100 candidatos. No existe temor al no cumplimiento de la norma de acceso y esto pone en riesgo el futuro de la ley en su conjunto.
El hecho de tener que recurrir a la institución más sospechada de corrupción como la justicia para que se provea información denegada por la vía del amparo torna el procedimiento ineficaz y de dudosa utilización por el ciudadano de a pie que está convencido que el mejor pleito es aquel que evita la justicia y no la que recurre a ella institucionalmente.
La modificación de la norma para crear un ente intermediador entre los ciudadanos y el Estado puede ser una buena opción mirando con interés el proceso que ha tenido en otros países como México la práctica de la Instituto Nacional de Acceso a la información. Es evidente que mientras no exista un cambio de actitud cultural que coloque a la transparencia como algo inherente a la conducta de las personas el proceso puede ser largo, farragoso y frustrante para todos los actores involucrados y muy especialmente para la democracia como sistema que se nutre de ella.
INFORMAR E INVESTIGAR.
La práctica de requerir información tiene que ser un hábito practicado en todos los niveles sin el temor que todavía vive en muchos luego de la larga experiencia autoritaria del Paraguay. Es posible que esto puede tener mayores y prontos logros en sitios urbanos donde el nivel de la información y su requisitoria son prácticas más comunes aunque no habituales.
Hasta ahora la prensa ha encontrado en la ley 5282 de un valioso instrumento para difundir información en torno a los números y cifras que maneja el Estado en especial en temas de salarios, viáticos y otras cuestiones directamente relacionadas a lo pecuniario pero existen varias áreas de opacidad y secrecía que debieran ser iluminadas por una práctica más activa de investigación y de conocimiento por parte de la prensa. Se percibe además en estos años de mayor acceso a la información pública algunas muestras de hastío y de cansancio por parte de la prensa de exponer el uso abusivo y corrupto de los bienes del Estado y que no tengan sanción por parte de los órganos de justicia establecidos para tal efecto. Claramente ahora sabemos más que los funcionarios cobran por presentismo, por títulos, por ayudas para la alimentación o el transporte de personas con salarios superiores a los 15 mil dólares mensuales pero no se hace mucho por corregir esos excesos insultantes a la lógica y la realidad económica en general para la mayoría de la población. La prensa ha hecho tímidamente aun uso de la ley de acceso a la información pública y aun vemos que los rumores se publican y no se investigan.
Sabemos tanto de hechos de corrupción que algunos medios colocan entre comillas luego del nombre del personaje público su condición de imputado o de condenado pero sin que eso tenga ningún impacto ni legal ni moral en la sociedad. Esto conlleva a una frustración entre quienes hemos creído que la ley produciría un gran cambio en la manera de concebir el Estado, dinamizar la relación con el ciudadano y tornar los hechos públicos en acciones que se realizan de cara a la sociedad sin ningún manto de secrecía que lleve a la duda y a la corrupción.
TRANSPARENCIAS ELECTORALES.
La ley en tiempos electores tiene que permitir el conocimiento más acabado del perfil de los candidatos y de sus ofertas electorales. Tanto los antecedentes de los mismos y el comportamiento que ha tenido el mismo en el ámbito público y privado tiene que suponer un elemento valioso a la hora de escoger o rechazar el nombre de ese candidato. Pero reitero para que esto tenga valor debe existir un estadio de aprobación y de rechazo que social e institucionalmente tenga su peso. Solo el escándalo no es suficiente para acabar con los parásitos de un sistema que pueda como los virus mutantes terminar por ser inmunes como las penicilinas a ciertas bacterias. El mayor escándalo en el Paraguay tiene que ser el castigo electoral a personajes que jamás deberían haber osado en plebiscitar su nombre con los antecedentes que se hicieron público de su gestión.
Se ha visto un escaso avance en conocer la relación entre el sector privado y el Estado en todo este tiempo. El caso Odebrecht que sacudió el Brasil demostró los profundos lazos entre empresas y Estado al punto que la empresa constructora desarrolló toda una repartición interna encargada de los sobornos a los funcionarios públicos. Lo mismo aconteció en ese país de corrupciones billonarias con empresas de carnes y de petróleos. Esos casos parecen aun distantes en un país donde la corrupción se concibe solo como una cuestión de las empresas del Estado y no de las privadas que hacen negocio con él. El Estado paraguayo adquiere y hace contratos por un valor superior a los 6 mil millones de dólares anuales y se conoce muy poco sobre los procedimientos licitatorios y de control que se aplican sobre estas operaciones. Hay mucho por desandar en el campo de la transparencia en este sector del relacionamiento de lo público con lo privado.
La falta de una ley nacional de archivos que organice la memoria del Estado es más que urgente y necesaria. Saber qué y cómo guardar documentos y referencias facilitaría enormemente la publicidad y el acceso a los mismos. En medio del caos y la desorganización la gran ganadora es la corrupción y por eso es imperioso poner en andar el proceso de una norma de fácil cumplimiento y de duras sanciones a quienes se resisten a dejar de vivir en ese yuyal que se llama muchas veces el Estado paraguayo donde se sienten muy cómodas las alimañas y parásitos.
Por todo lo expuesto en esta semana de recordación del acceso a la información pública y los dos años de vigencia de la ley 5280 que es la número 100 en el mundo debemos apurar el paso para hacer de ella un instrumento al servicio de una democracia muy necesitada de transparencia, mejor gestión del Estado y por sobre todo una ciudadanía activa y reclamante.
La transparencia fomenta confianza, aumenta niveles de gestión de los gobiernos y presupone la condición formal para generar una democracia de oportunidades para todos. Algunos países ya lo saben hace mucho tiempo... nosotros: no, todavía.
*Benjamín Fernández Bogado es doctor en derecho especializado en Derecho a la información. Profesor de la material en varias universidades nacionales e internacionales. Autor de libros y artículos especializados sobre el tema.
