El Consejo de la Magistratura está obligado a informar sobre el proceso de selección de la cuestionada terna para el próximo fiscal general del Estado, ya que ninguna ley establece que esta información es privada, afirma el abogado Ezequiel Santagada.
“La información de todos los entes gubernamentales debe ser pública. Los actos de gobierno son fundados y son públicos. Por eso es República, ‘res pública’: un gobierno que tiene como objeto la cosa pública”, dijo a ABC Cardinal el activista.
Explicó que el Consejo de la Magistratura, como toda estructura de Gobierno, es fuente pública de información, salvo que esté expresamente establecido por ley que contiene información privada y, en este caso, no hay ninguna legislación que indique esto.
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El actual fiscal general, Javier Díaz Verón, y las fiscalas Victoria Acuña y Sandra Quiñónez integran la cuestionada terna para elegir al futuro titular del Ministerio Público, cuyo criterio el CM se resiste a informar.
Sostuvo que escuchó dos argumentos para negar los datos sobre la selección: primero, que supuestamente va a generar confusión en la ciudadanía, ya que se combinan elementos objetivos y subjetivos. “No existe una figura que diga que porque la información es confusa para la ciudadanía no puede ser pública” y, al notar que esta explicación no convencía, afirmaron que algunos candidatos podrían ver dañada su honorabilidad por divulgar su puntaje.
“Estamos ante personas de derecho que voluntariamente se sometieron al escrutinio público para probarle al Consejo y al público que eran idóneas para ser fiscal general del Estado, entonces cómo alguien puede sentirse afectado en su honorabilidad si aceptó que sea público”, criticó.
Fuente: ABC Color
