Sin recursos ni funcionarios idóneos se seguirá perdiendo terreno en el combate hacia la transparencia del Estado.
Como vengo repitiendo, pues en este país sufrimos de corta memoria, en septiembre del año 2014 fue promulgada la Ley 5.282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. La misma viene a reglamentar el artículo Nº 28 de la Constitución Nacional, a fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Habiendo recordado esto, es hora de hablar de los que hacen que se cumpla la misma.
Las fuentes públicas de información deben contar con una oficina de acceso a la información pública que cuente con un encargado, funcionarios, equipos. Estos deben recibir parte del presupuesto anual para que puedan cumplir con los objetivos de responder los pedidos, difundir las informaciones proactivamente y capacitar a los funcionarios. El papel aguanta todo se suele decir, y para que mentirnos, en la realidad no es así.
Lo interesante de recorrer las dependencias públicas y ver la implementación efectiva de la ley de transparencia es que uno se encuentra en muchos casos con funcionarios que procuran con tantas precariedades cumplir con la norma y hacen hasta lo imposible para que las autoridades entiendan que se debe cumplir, siendo ninguneados y hasta maltratados sin recursos, equipos ni personal calificado. Hoy rindo homenaje a esos soldados de la transparencia que no se entregan, convencidos de que lo que hacen es el camino para un mejor país, a pesar de algunos apocalípticos que dicen que nada avanzó.
Por ello, si quieren realmente cumplir con los discursos por la transparencia es urgente otorgar mínimamente el rango de Dirección General a la oficina de Acceso a la información pública del Ministerio de Justicia, ya que dependiendo de otra Dirección o Vice Ministerio, resultaría difícil que cumpla un funcionario sin autoridad ninguna, porque como se suele decir “Donde manda capitán… no manda marinero”.
FUENTE: 5Dias
