Estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la UNA fundaron en 2017, con aprobación del consejo directivo, una clínica jurídica gratuita para promover el derecho de Acceso a la Información Pública, siendo la primera de su clase en Paraguay.
Bajo la atenta mirada de sus tutores, un grupo de estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) realiza el primer contacto con su futura profesión. Estos jóvenes buscan, a través de una clínica jurídica, dar cumplimiento a la Ley Nº 5.282/14 “De Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, o AIP.
La Clínica Jurídica AIP fue ideada por profesores y alumnos de la facultad con el objetivo principal de “propiciar un espacio de interacción de la academia con la comunidad, a través de un servicio social y gratuito de asesoramiento y procuración ante tribunales para casos en los que los ciudadanos precisen recurrir a la justicia en busca del cumplimiento de la Ley Nº 5.282/14”, mencionó la abogada Élida Acosta Dávalos, una de las tutoras de la clínica jurídica.
El proyecto de la facultad está dirigido para aquellos ciudadanos que soliciten el acceso a información pública a las entidades del Estado paraguayo, “sean estos del gobierno central, entes descentralizados, municipios o gobernaciones”, aclaró Acosta.
Fabián Riveros, uno de los integrantes ya egresados, explicó durante una entrevista que la clínica es una “oportunidad única” para tener un contacto directo con lo que es la abogacía. Además hizo un llamado para aquellos estudiantes que quieran participar del proyecto y así ayudar al ciudadano a hacer uso de sus derechos.
Los profesores que guían a estos jóvenes son experimentados abogados en el área de información pública, ellos son: José María Costa, quien fue miembro fundador del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI) y actualmente es asesor y director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia; Ezequiel Francisco Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA); la ya mencionada Élida Acosta Dávalos es miembro del Departamento Jurídico del IDEA y anteriormente fue directora de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia; y Luis Giménez Sandoval, quien es director de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente el equipo está conformado por alumnos de la universidad e incluso algunos egresados, quienes en su deseo de conocimiento decidieron continuar en el proyecto. Ellos son: Alejandro López Niella, Belén Morel, Perla Núñez, Evelyn Acosta Balbuena, Ariel San Martín, Raquel Bogado, Mayra Aranda, Rodrigo Salinas, Martín Mora, Viviana Melgarejo Paniagua y Fabián Riveros.
El proyecto piloto de la clínica jurídica fue presentado por el profesor José María Costa el 12 de julio de 2017. Luego sería aprobado al día siguiente por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA que además designó al profesor “Pepe” Costa como responsable del proyecto.
La Clínica Jurídica de AIP funciona en cooperación interinstitucional con el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en su sector de Derecho a la Información y en el marco de su programa de promoción de derechos humanos, cuyo director es el mismo Santagada, conforme informó la abogada.
Estos jóvenes futuros abogados trabajan ahora como si formaran parte de un estudio jurídico, así obtienen experiencias, vivencias y un contacto directo con el derecho paraguayo.
“Tenemos la situación del caso y analizamos cuál es la estrategia jurídica más acorde”, dijo Acosta que además explicó que los estudiantes se encargan de elaborar los borradores de los escritos que después son verificados por los tutores de la clínica y los abogados del IDEA, para luego ser presentados en los casos que están bajo patrocinio de la clínica.
Los integrantes de la Clínica Jurídica AIP deben investigar sobre la jurisprudencia nacional, regional y en ocasiones incluso doctrina para elaborar los escritos, según las palabras de la tutora que informó que la Universidad Católica también tiene agregado el Acceso a Información Pública en su clínica jurídica, desde 2018. No obstante, aún no han litigado un caso de amparo por denegación de AIP.
Riveros informó que actualmente la Clínica Jurídica AIP tiene dos casos. El primero de ellos, es el más sonado, se trata de la solicitud de Daniel Vargas Téllez al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para acceder a las actas electorales, listado de delegados electorales, integrantes de la Junta Cívica, apoderados y veedores, así como miembros de mesa habilitados y asignados en la ciudad de San Lorenzo para las elecciones generales de abril de 2018, sin embargo, el Tribunal presentó una negativa a la solicitud.
Téllez fue candidato a diputado por el departamento Central por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones generales pasadas e intentó verificar principalmente las actas, sin embargo, el TSJE le negó el derecho de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a los documentos de la causa.
Los estudiantes tomaron la causa en diciembre del año pasado, cuando Téllez presentó a la Mesa de Garantías Constitucionales del Palacio de Justicia una acción judicial de amparo debido a la negativa del TSJE para proporcionar información pública.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones de feria del Palacio de Justicia resolvió el 17 de enero pasado denegar el recurso de amparo promovido por Téllez contra el TSJE porque supuestamente la solicitud había prescrito. Además el tribunal dictaminó que el solicitante pague las costas judiciales (los gastos de cada una de las partes durante el juicio).
Por ello, tras un estudio minucioso de parte de la Clínica Jurídica AIP, Téllez presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como última instancia, una acción de inconstitucionalidad ante lo dictaminado por el Tribunal de Apelaciones para finalmente acceder a los datos solicitados primeramente al TSJE.
Élida Acosta Dávalos mencionó que este caso “está pendiente de admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia” y aguardan junto a los estudiantes un resultado positivo.
El segundo caso bajo la representación de la clínica, es un pedido del ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui a la Municipalidad de Asunción para acceder a información pública relacionada con los taxis de la capital, realizado el 2 de diciembre del año pasado.
Villaverde solicitó: 1) la ubicación de todas las paradas de taxis habilitadas en la ciudad de Asunción; 2) los datos personales de los propietarios y/o responsables de esas paradas; 3) la situación documental de vehículos utilizados para estos efectos; 4) informes de inspección técnica vehicular de móviles utilizados; 5) el estado de cumplimiento del seguro de pasajeros por taxi/parada de taxis; y 6) el estado de cumplimiento de pago en concepto de canon para cada parada/propietario por taxi, de acuerdo a una publicación de ABC Color del 8 de febrero de 2019 titulada: “Amparo para tener información sobre taxis asuncenos”.
Esta solicitud fue denegada por la Comuna por lo que Villaverde presentó un amparo que finalmente fue derivado al Juzgado de la Niñez y Adolescencia. El juez Guillermo Trovato es quien deberá emitir una resolución considerando las leyes de nuestro país.
Actualmente la Clínica Jurídica AIP no tiene una sede física. Los estudiantes y tutores trabajan los casos durante las clases en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, ubicada en la calle Congreso de Colombia y Santa Ana, a una cuadra de la avenida Santísima Trinidad.
Los ciudadanos que estén interesados en los servicios de estos jóvenes entusiastas y experimentados abogados pueden contactarse al correo electrónico: clinicajuridicaderechoinfo2018@gmail.com.
FUENTE: ABC Color
