(Pronunciamiento de las organizaciones que integran el Grupo Impulsor de Acceso a la Información – GIAI)
El diputado José María Ibáñez fue una de las primeras “víctimas” de la primavera de la transparencia, iniciada en octubre de 2013 luego de una de las más relevantes decisiones de la Corte Suprema de Justicia en toda su historia: el Acuerdo y Sentencia número 1306, en el cual estableció –siguiendo estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y que, por lo tanto, correspondía hacer lugar al pedido de un vecino de San Lorenzo, Daniel Vargas Téllez, que había querido saber quiénes eran los funcionarios y contratados de la Municipalidad, qué hacían y cuánto ganaban por el trabajo que hacían.
El “calvario” de Ibáñez empezó cuando la fuerza moral de esa sentencia hizo que todas las reparticiones públicas decidieran publicar “voluntariamente” la lista de sus funcionarios y contratados y el Diario ABC Color creara el “Buscador del Pueblo”.
Así, una mezcla de información pública, uso periodístico de la tecnología y denuncias ciudadanas permitió descubrir que tres personas que figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados no trabajaban allí sino al servicio de la familia Ibáñez, que a su vez se quedaba con parte del sueldo que se pagaba con nuestro dinero.
Ese fue uno de los casos icónicos que permitieron generar el clima político en el que se sancionó y promulgó la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, la cual, una vez en vigencia, permitió que el uso periodístico de la información pública ahora disponible fuera la punta del iceberg para que el Diario Última Hora pudiera descubrir casos de corrupción en la Contraloría General de la República y en la Universidad Nacional de Asunción, por mencionar sólo dos de los casos más relevantes.
Así es como la Ley de acceso a la información pública fue un akãrasy para varios corruptos, que fueron puestos en evidencia. Sin embargo, tan sistémica es la corrupción en nuestro país que cuando un político confiesa ser un delincuente, el marco penal en vigencia permite que siga libre. Esto es casi como una invitación a delinquir, apropiándose de los recursos del erario.
Por eso la sanción política es tan importante. Si ella no se da, la sensación de impunidad herirá de muerte a nuestra institucionalidad democrática. Es que con impunidad no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay un país viable.
No se trata, como se ha querido instalar, de “meterse en atribuciones exclusivas y excluyentes” de otro Poder del Estado. El gobierno está conformado por los tres Poderes del Estado “en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control” (Art. 3, Constitución). Si la actitud corporativista de los integrantes de una Cámara del Poder Legislativo promueve la impunidad, es el deber constitucional de los demás Poderes del Estado usar de todos los resortes políticos y jurídicos que estén a su alcance para ejercer el recíproco control que devuelva la paz social; inclusive si los integrantes del nuevo Poder Ejecutivo están a punto de asumir, ya que sólo se les pide que usen la legitimidad política con la que aún cuentan.
Y para que situaciones como la de Ibáñez nunca más vuelvan a ocurrir, tendrá que darse una reforma jurídica a fondo para que la ley sea lo suficientemente disuasiva para que los corruptos piensen dos veces antes de intentar robarnos.
Asunción, 5 de agosto de 2018
- Centro de Estudios Judiciales (CEJ)
- Fundación Libre
- Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA)
- Semillas para la Democracia
