El activista Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información, lamentó que la corrupción esté tan arraigada en el país y que haya una increíble tolerancia a la misma. El abogado se refirió al caso "caseros de oro", que implica al diputado José María Ibáñez.
Santagada habló sobre el favorecimiento de la Justicia al diputado José María Ibáñez y a su esposa en relación con el caso conocido como "caseros de oro".
La Justicia aprobó un resarcimiento del hecho, la Fiscalía se allanó y el legislador quedó impune, señaló el miembro del Grupo Propulsor de Acceso a la Información en comunicación con el programa La Lupa, emitido por Monumental 1080 AM.
Mencionó que este caso en particular es resultado de la participación masiva de la ciudadanía, que denunció los hechos de corrupción.
“Es uno de los primeros resultados de la primavera de la transparencia, lastimosamente, el problema es que ahora tenemos que lidiar con la sensación de impunidad”, agregó.
Santagada comentó que la causa de José María Ibáñez es una de tantas otras que son bien conocidas, pero que las mismas no tienen resultados porque el sistema judicial no responde.
“La corrupción está tan engendrada que, en casos tan aberrantes como estos, las sanciones son ínfimas”, indicó.
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“No todo el mundo considera esto como algo aberrante, hay una increíble tolerancia a la corrupción, y no nos damos cuenta de que la corrupción nos termina matando, nos quita la salud, nos quita infraestructura”, explicó.
Sobre el mismo caso fue consultado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Blas Llano, quien refirió no estar al tanto del proceso judicial. “No puedo sacar una conclusión porque no tengo seguimiento de la causa. No sé cómo siguió el proceso”, sostuvo.
Argumentó que en caso de que el juez de Garantías o la fiscala hayan obrado de manera irregular, las pruebas deben de presentarse ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Antecedente. El caso se remite a una investigación periodística del año 2013 que dejó al descubierto que el legislador hizo figurar como funcionarios del Congreso a tres hombres que prestaban servicios en su casa de campo en la ciudad de Areguá. Estos cobraban G. 2.500.000 del Estado.
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Recientemente, en la audiencia preliminar de la causa, la defensa del diputado planteó una solución alternativa, alegando que han reparado el daño particular por un monto de G. 30 millones.
De esta manera, el diputado fue beneficiado con la suspensión condicional de la causa bajo la promesa de reparar el daño social a través de la compra de un generador al leprocomio Santa Isabel y otras donaciones por valor de G. 5.000.000.
FUENTE: Ultima Hora
