Hace ocho meses atrás titule unos números y hoy se estará haciendo la misma pregunta, ¿qué significan?, y la respuesta es la cantidad de municipios que cuentan con Oficinas de Acceso a la Información Pública. En 8 meses solo faltan 24 de las 254 que están obligados a adherirse al portal unificado, pero todavía no lo han hecho en casi 3 años de contar con esta ley.
Este portal, que tiene como objetivo centralizar todas las instituciones que están obligadas por el art. 2 de la ley 5282/14 busca, desde esta plataforma, facilitar las respuestas a las solicitudes de información a una institución y entre instituciones, generar un archivo y llevar estadísticas que ayuden a mejorar la gestión pública.
Definitivamente lograr esto en este tiempo es un logro que se debe reconocer los esfuerzos de la oficina rectora de la política de acceso a la información pública, dependiente del Ministerio de Justicia. Lo han hecho posible coordinados trabajos interinstitucionales aunando esfuerzos con otras entidades públicas y órganos de la sociedad civil. “Por ejemplo un convenio con la OPACI ha permitido habilitar más de 60 Oficinas en los últimos 4 meses” me señalo su Directora, Elida Dávalos.
El trabajo no sigue siendo fácil, ya que esta ley cambia un paradigma cultural de tantos años. Cuesta mucho cambiar la mentalidad anti-transparencia. “Del dicho al hecho, hay un largo trecho” dice un refrán que nos debe llevar a pensar cuanto de verdadero compromiso existe hacia la transparencia a nivel de las cabezas de los tres poderes del estado.
¿Existe verdadera voluntad o son solo dichos? Esperemos que todas las fuentes públicas, en sus proyectos de presupuestos para el año entrante, hayan previsto todo lo necesario para que las oficinas de acceso a la información cuenten con herramientas para que se traduzca en realidad la transparencia gubernamental o devuelta las palabras se la llevaran el viento y una golondrina, por más que se esfuerce, como la oficina rectora de AIP, no hace primavera.
