Para el abogado Ezequiel Santagada, las sentencias que ordenan a la Contraloría proveer al periodista Juan Carlos Lezcano las declaraciones juradas de las autoridades de los tres poderes del Estado, abren las puertas para una ley de ética pública, que obligaría la publicación de dichas declaraciones en la web, como en Chile y otros países.
–¿Qué opinión le merece la resolución de la Cámara de Apelación?
–Lo único que modifica la sentencia del Dr. Riquelme, en realidad no es una modificación, es una aclaración de que quedan excluidos los cónyuges con separación de bienes, solamente eso, es lo único que modifica, quedan incluidos los bienes bajo régimen de comunidades gananciales y aclara exactamente qué es lo que se debe otorgar y qué no y la lista es bastante exhaustiva.
Me gustaría leer los fundamentos, pero directamente es para celebrar, porque habíamos planteado esto para llegar a instancias internacionales, que un juez de primera instancia y un tribunal de apelaciones actúen en ese sentido, significa que se está instalando de a poco la cultura de la transparencia y sobre todo en el Poder Judicial, eso hay que resaltarlo porque de aproximadamente 40 casos que se han planteado en todo el Poder Judicial, en su gran mayoría han sido favorables al acceso a la información. Podemos decir hoy que el camino abierto por el Acuerdo y Sentencia 1.306 está más firme que nunca.
–La Ley es bastante clara, ¿llama la atención la negativa de la Contraloría en cumplirla?
–La Contraloría claramente actuó por presiones políticas, no me cabe la menor duda porque esto va a desatar un sinnúmero de investigaciones, si bien no está toda la información para detectar enriquecimiento ilícito, sí vamos a tener indicios bastante concretos acerca de la posible comisión de hechos punibles, particularmente enriquecimiento ilícito. Como primera medida vamos a saber quién presentó y quién no presentó declaraciones juradas. Como segunda medida vamos a tener declaraciones juradas y si las líneas de investigación, en principio periodísticas, pudieran comprobar que tales declaraciones juradas no son reales, ahí de entrada no más ya tenemos un hecho punible que es la declaración jurada falsa.
Hay una serie de cuestiones inmediatas que esta sentencia va a generar y a largo plazo, creo que va a obligar a que haya una regulación legal que despeje absolutamente cualquier duda sobre esto, se fortalezca la obligación de prestar declaraciones juradas, que establecía qué información no es pública y qué información sí es pública, como ocurre en todos los países, donde hay dos sistemas de declaraciones juradas, uno donde se encuentra información sensible de cada funcionario que la debe tener el órgano contralor y la declaración jurada pública.
Yo creo que este fallo va a abrir, como en su momento el A. y S. 1.306 generó las condiciones para que se aprobara la Ley de acceso a la información, este fallo va a abrir las puertas para una ley de Ética Pública.
–¿Queda algún otro camino a la CGR para tratar de revertir esta resolución?
–Esto tiene una lectura jurídica y una lectura política. La lectura jurídica, bueno ellos podrían eventualmente intentar ir a la Corte, no sé con qué fundamentos pero lo pueden intentar y están en todo su derecho. Ahora, la lectura política es si hay un discurso de hace tiempo de parte de la Contraloría, dicen que están comprometidos con la transparencia y aparte son el órgano contralor de la República que ha enviado a la Justicia una buena cantidad de funcionarios y ex- autoridades, lo lógico sería que acaten la sentencia, cumplan y hagan públicas estas declaraciones.
Entendemos que pueden haber intereses particulares de las máximas autoridades de la Contraloría pero, bueno, tendrán que vérselas.
–Hay un interés general
–Claro, el interés general por supuesto que prima sobre el particular y ya hay dos sentencias que le dan la razón a Juan Carlos (Lezcano) y bueno, es de esperar que lo cumplan.
–¿Y si no?
–Y si no, nosotros estamos dispuestos a pelear en la Corte si es que ellos apelan y eventualmente como dije en un principio, este caso lo preparamos para ir a pelear en instancias internacionales. Desde el primer escrito lo pensamos como un caso que podría llegar a instancias internacionales, estamos completamente preparados para hacerlo.
–A pesar de la claridad de la ley, ¿le sorprendieron los fallos a favor de la transparencia?
–La verdad es que nos sorprendió gratamente. La ley es bastante clara, por lo menos para nosotros, pero sabemos en el contexto en que vivimos, sabemos que la cultura del secretismo y la opacidad es muy fuerte y van a utilizar cualquier recurso interpretativo para no cumplir con la ley, eso se nota y es justamente por lo cual nuestra organización GIAI está llevando casos a la justicia porque si bien la lucha por tener una ley de acceso a la información fue larga y dificultosa, va a ser mucho más largo y dificultoso instalar la cultura de la transparencia y acá el Poder Judicial juega un rol fundamental. Hasta ahora se está portando a la altura de las circunstancias, eso hay que destacarlo.
Juicio de amparo, paso a paso
05/04/2018: El periodista Juan Carlos Lezcano presentó un amparo contra la Contraloría General de la República, para acceder a las declaraciones juradas de bienes de autoridades de los tres poderes del Estado, incluidos el Presidente de la República, ministros de la Corte y legisladores.
08/05/2018: El juez penal de garantías Rubén Riquelme hizo lugar al amparo y ordenó a la CGR proveer la información requerida. Basó su decisión en la Constitución, disposiciones legales y fallos de la Corte Suprema de Justicia que garantizan el acceso a información pública.
07/06/2018: El Tribunal de Apelación (1ª sala) integrado por Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos ratifica el fallo citado.
FUENTE: ABC COLOR
