Todo sabemos que la justicia en nuestro país no es ni pronta, ni barata y mucho menos, en algunos casos justa. La Contraloría General de la República, en su afán de ganar tiempo, cuestionó al Grupo de Acceso a Información Pública (GIAI) por ayudar a ciudadanos que solicitaron que se publiquen las declaraciones juradas.
Lo anecdótico es que hoy, la ciudadanía puede acceder, vía web, a todos los datos y demás información que obra en el estado, gracias al trabajo realizado por el ciudadano San Lorenzano, Daniel Vargas Tellez, los medios de comunicación y esta nucleación de organizaciones de la sociedad civil.
Mucho todavía hay que educar sobre la Ley de transparencia. La Contraloría afirma que, si a un ciudadano se le niega información pública, no puede presentar un amparo. Sin embargo, el asesor jurídico no sabía, de la existencia de la acordada de la Corte Suprema de Justicia, que establece el proceso judicial para el cumplimiento de la Ley 5282, textualmente dice que es el juicio de amparo.
Este no es un caso cualquiera ya que representa la capacidad de notar si realmente las divisiones de los poderes están delimitadas y si existe una justicia que actúe independiente, recta y bajo ninguna posibilidad sin presión de la clase política doblegándola a beneficiar a unos pocos y en perjuicio de todos haciendo que lo ¡público, NO sea publico!
El ciudadano, Juan Carlos Lezcano, decidió caminar el laberinto de Astrea acompañado del GIAI. El caso estuvo en manos del juez Rubén Darío Riquelme. Este decidió dejar el oscurantismo y pasó a la era de la Ilustración con su sorpresivo fallo.
Ahora es el turno de los jueces Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos, miembros de la Primera Sala de Apelaciones. Son tiempos nuevos, ¡no tengan miedo!
FUENTE: 5DIAS
