Temerario, por no decir ignorante, es el argumento que esgrime la Contraloría General de la República (CGR) para seguir negando el pedido de declaraciones juradas solicitadas vía Ley 5282/14, de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que las autoridades y los funcionarios públicos caigan en la cuenta de que la información es pública y no de su propiedad?
Estos “pelota jára” de las declaraciones juradas se niegan a dar algo que nos pertenece a todos. La ciudadanía tiene el derecho a saber si quienes están ocupando cargos públicos honraron el compromiso (sabemos que en muchos casos no) de operar con honestidad cuando se trata de administrar el dinero de todos.
Los representantes legales de la CGR sostienen, entre otras barbaridades, que el pedido de liberar estos datos no son otra cosa que una conspiración con oscuros intereses de una ONG (entendemos que se refieren al GIAI, Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública).
Estamos ante algo más que una “oda al absurdo”, como se les ha contestado por vía jurídica a los de la CGR. Es una estrategia más del Estado para infundir miedo. Con una sonrisa nos dice Horacio Cartes que tenemos esta ley AIP que nos hace algo así como los “tetracampeones de la democracia y transparencia”. Sin embargo, trata de infundir miedo y desacreditar a quienes osan hacer uso de ella.
El derecho a saber es un derecho humano. Quienes han trabajado porque este sea ejercido son poco menos que criminalizados. El GIAI no es una “ONG cualquiera”. De hecho es un grupo en el cual están nucleadas varias organizaciones que luchan por este derecho humano.
Ante esta negativa caprichosa se evidencia un Estado de oscurantismo informativo que solo puede responder con el lenguaje mafioso al que está acostumbrado a operar.
Este pedido les toca la oreja y ausculta en el bolsillo de quienes por mucho tiempo utilizaron el aparato estatal para enriquecerse ilegalmente. Si no fuera así, por qué tanta resistencia en liberar los datos.
No necesitamos explicar por qué queremos saber. La ley se tiene que cumplir y punto. El pedido de declaraciones juradas reviste interés público. La evolución patrimonial (o la ausencia de esta) de las autoridades nos mostrará si han honrado esa confianza o se han enriquecido con el dinero destinado a brindar los más elementales servicios públicos.
FUENTE: ABC COLOR
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/mas-que-una-oda-al-absurdo-1704384.html
