El juez Rubén Riquelme resolvió hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por Juan Carlos Lezcano Flecha contra la Contraloría General de la República (CGR), por lo cual la institución deberá dar a conocer las declaraciones juradas de bienes presentadas por las máximas autoridades gubernamentales (presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros) entre 1998 y 2017.
El pedido de Lezcano contó con el apoyo del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI) y aclaraba que no se solicitaron las declaraciones de los funcionarios públicos de carrera.
“Esta es una sentencia que marca un antes y un después. Si hoy podemos tener una sentencia es gracias a la Ley de Acceso a la Información”, refirió el abogado Ezequiel Santagada, del GIAI.
Explicó que la Contraloría se opuso tenazmente a divulgar las declaraciones juradas, por lo cual presentaron el amparo. “Estábamos esperando que de un momento para el otro el juez Riquelme dictara sentencia, e hizo lugar al amparo, aclarando que no abarca a los parientes en segundo grado de afinidad o consanguinidad, sobrinos y cuñados; pero sí a cónyuges, concubinos y a hijos menores de edad por la patria potestad”, señaló Santagada.
Ahora, más allá de que la CGR apele la sentencia, el amparo debe cumplirse. “Esta es la orden, va a tener que cumplirse y pensamos ejecutarla de inmediato. Significa que tienen que brindar los datos. El Código Procesal es claro”, manifestó Santagada.
objetivo. El abogado del GIAI indicó que el objetivo de esta iniciativa es tratar de acabar con la impunidad. “Lo dicen informes del Banco Mundial, el G20 en su momento, y otras organizaciones, que las declaraciones juradas al ser públicas evitan que haya corrupción, o sino permiten que esa corrupción pueda ser castigada porque se puede investigar, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito”, indicó.
Agregó que la decisión del juez Riquelme es “importantísima” para que la ciudadanía ejerza su papel de contralor, porque la Contraloría juega políticamente. “Hasta ahora no conozco ni un solo caso que por consecuencia de la presentación de estas declaraciones juradas se haya logrado la condena de algún corrupto”, subrayó el jurista.
Asimismo, el abogado da por hecho que la Contraloría apelará la sentencia, y en caso de ser notificada hoy, tendrá hasta el viernes para accionar.
oposición. Recordemos que la Contraloría sostiene que solo con orden judicial puede dar a conocer las declaraciones juradas de las altas autoridades públicas.
Sin embargo, en la acción de amparo se recuerda que la Constitución reconoce en su artículo 28 el derecho de toda persona a acceder a la información pública en los siguientes términos: “Del derecho a informarse”. “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos (...)”.
La CGR sostuvo que se aplican las leyes de la institución y estas no la facultan a entregar las declaraciones juradas. “Es igual al argumento que no podían darse a conocer los salarios de los funcionarios porque no había ley que lo permitiera. Sin embargo, la CSJ lo permitió sobre la base de una interpretación de la ley que reglamenta la ley de acceso (a la información pública)”, rememoró Ezequiel Santagada sobre lo sucedido en 2015 cuando dieron a conocer los salarios de la función pública.
FUENTE: ULTIMA HORA
